Reforma del Impuesto a los Combustibles: Tucumán ganará más recursos pero a costa de obras de infraestructura

El nuevo esquema para la distribución del Impuesto sobre los Combustibles, impulsado por una iniciativa de los gobernadores, incluido el tucumano Osvaldo Jaldo, de aprobarse definitivamente en la Cámara de Diputados, implicaría una reconfiguración significativa en cómo se reparten los ingresos provenientes de este tributo, con un marcado aumento en la participación de los tesoros provinciales a expensas de la Nación.

Esto significa que el sector público nacional pasaría a recibir un 42,98% y las provincias un 57,02% del total recaudado por el impuesto a los combustibles. En consecuencia, "aumentan la participación de las provincias, en desmedro de la Nación, en casi un tercio de la recaudación total del impuesto", de acuerdo a un informe elaborado por el IERAL (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana), al que accedió Tendencia de Noticias.

Aunque el nuevo esquema implica cambios en la participación de cada jurisdicción, favoreciendo a algunas como CABA, Catamarca, Santa Fe y Tucumán, y perjudicando a otras como las patagónicas, la realidad es que "dado que el conjunto de provincias aumentaría significativamente su participación en la distribución de la recaudación del impuesto a los combustibles, si se estiman los montos a recibir por cada provincia con el proyecto de ley en el segundo semestre de 2025, todas las jurisdicciones subnacionales se verían favorecidas con una suba promedio del 124% para el consolidado de provincias". Para el total de las provincias, esto "implica el equivalente a incrementar un 2,5% los envíos automáticos por coparticipación".

En el caso específico de Tucumán, la provincia vería un incremento notable en los recursos recibidos. Según las estimaciones para el segundo semestre de 2025, bajo la distribución actual, Tucumán recibiría $25.497 millones, mientras que con el proyecto de ley, los montos ascenderían a $64.586 millones. Esto representa una variación del 153% respecto a la situación actual.

A pesar de los beneficios económicos para las provincias, el proyecto presenta una "principal debilidad" que genera importantes interrogantes, de acuerdo al Instituto. La iniciativa de los gobernadores, si bien busca mejorar la infraestructura, al eliminar fideicomisos como el Fondo Fiduciario para el Sistema de Infraestructura del Transporte (FFIT) y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica —que actualmente destinan recursos a obras viales, ferroviarias, automotor y de saneamiento, entre otras—, no especifica cómo se financiará el mantenimiento de la infraestructura nacional que hasta ahora cubrían dichos fondos.

La preocupación central radica en que el proyecto "incrementa notablemente la porción de la recaudación del impuesto a los combustibles que se distribuiría automáticamente a provincias, sin incluir obligaciones o asignaciones específicas para los recursos transferidos, que pasarían a tratarse como ingresos de libre disponibilidad". Esto crea un "vacío en relación al financiamiento de la construcción y mantenimiento de la porción de la infraestructura nacional que no sea posible otorgar en concesión a privados", sostiene el documento.

Discusión objetiva

El informe señala que "aumentan los interrogantes sobre qué nivel de gobierno y con qué recursos se hará cargo del mantenimiento de la actual infraestructura hídrica y de transporte". Si bien a nivel nacional se plantea "otorgar en concesión a privados la construcción y/o mantenimiento de la infraestructura, en la medida que haya interesados en hacerlo", esta estrategia deja "pendiente de definir quién se hará cargo de la infraestructura que no entra en las concesiones a privados y cómo se financiará".

La propuesta, tal como está, "va en la dirección contraria" a un replanteo integral de responsabilidades entre niveles de gobierno, advierte el IERAL. En tal sentido, señala que la importancia de la infraestructura pública "ameritaría una discusión objetiva y cuidadosa sobre una nueva distribución de responsabilidades en materia de construcción y mantenimiento de infraestructura pública, por niveles de gobierno". Sin embargo, el proyecto "pasa por alto la necesidad de prever los recursos suficientes para atender las funciones".

En definitiva, si bien la transferencia de fondos de libre disponibilidad a las provincias es un punto a favor para sus tesoros, la sostenibilidad de la infraestructura pública nacional queda en entredicho, lo que abre un debate sobre cómo se garantizará su financiamiento y mantenimiento en el futuro.